Se escucharon aplausos en la sala del Ayuntamiento de Coachella después de que el consejo votara por unanimidad a favor de una ordenanza que prohíbe los centros de datos, con la alcaldesa interina Yadira Pérez participando de forma remota debido a una enfermedad.
“Estamos corrigiendo lo que creamos, y al fin y al cabo, es por nuestro propio mecanismo de votación que votamos sobre ciertos asuntos y asumimos la responsabilidad de que no lo hicimos bien”, dijo el alcalde Frank Figueroa momentos antes de la votación del 12 de agosto. “Votamos a favor de un acuerdo municipal de servicios públicos que incluía un centro de datos como la razón principal para generar electricidad”.
La ordenanza, tal como fue aprobada, creará un nuevo capítulo en el código municipal de la ciudad que abordará específicamente los centros de datos y los prohibirá en todos los distritos de zonificación. Las salas de servidores accesorias y las instalaciones de tecnología de la información asociadas con un uso comercial principal permitido quedan exentas de esta política.
La ordenanza también establece una definición clara para los centros de datos, crea disposiciones para su cumplimiento e implementa un enfoque de uso del suelo coherente con los objetivos de planificación a largo plazo de la ciudad, dijo la directora de Desarrollo Comunitario, Kendra Reif.
“El personal evaluó los posibles impactos asociados con los centros de datos y su compatibilidad con los objetivos a largo plazo de la ciudad”, dijo Reif. “Tras esa evaluación, el personal determinó que los centros de datos no son compatibles con varias prioridades importantes de la ciudad”.
Dichas prioridades incluían los objetivos de planificación a largo plazo de la ciudad, la planificación de infraestructuras, la salud pública, la seguridad y el bienestar, la sostenibilidad ambiental, los objetivos de desarrollo económico y la visión general para la comunidad.
Reif afirmó que entre las preocupaciones planteadas por el personal municipal se incluían los recursos hídricos, los recursos eléctricos y la infraestructura, los posibles impactos en la salud y la seguridad públicas y la compatibilidad del uso del suelo.
«La revisión realizada por el personal determinó que los centros de datos pueden consumir una capacidad sustancial de servicios públicos e infraestructura, requieren grandes extensiones de terreno y generan relativamente menos empleos permanentes en comparación con sus necesidades de terreno e infraestructura», afirmó. «El objetivo político de la ciudad es preservar sus terrenos industriales y de empleo para usos que puedan generar mayor creación de empleo, desarrollo de la fuerza laboral, diversificación económica y beneficios más amplios para la comunidad».
Reif afirmó que la ordenanza también respaldaba diversas políticas dentro del plan de uso del suelo de la ciudad, los esfuerzos continuos de conservación de recursos y los objetivos de sostenibilidad fiscal. Asimismo, señaló que se habían realizado modificaciones para fortalecer aún más la ordenanza a sugerencia de los miembros de la comunidad y en consulta con el abogado de la ciudad.
“Teníamos preparados discursos importantes para hablar sobre los cambios que ustedes han implementado”, dijo Loretta Pérez, residente de Coachella. “Que nos hayan escuchado fue fundamental. Hoy logramos una gran victoria. Mientras estaba aquí con todos los residentes, comentábamos: ‘¡Guau, esto realmente sucedió! ¡De verdad nos escucharon!’. Y siento sinceramente que estamos presenciando un cambio radical en la forma en que vamos a gobernar nuestra ciudad de ahora en adelante”.
Pérez fue solo uno de los casi dos docenas de oradores en la reunión, todos a favor de la prohibición, y muchos de ellos aprovecharon su tiempo para agradecer a los organizadores comunitarios por sus incansables esfuerzos y al consejo por escuchar y tomar medidas.
“Quiero reconocer a los residentes y a todos los compañeros por alzar la voz en defensa de las prioridades de la comunidad, y también quiero agradecer al ayuntamiento y al personal municipal por escuchar a la comunidad y tomar medidas concretas”, dijo Luz Gallegos, directora ejecutiva de TODEC. “Tienen la oportunidad de enmendar las acciones anteriores que nos trajeron hasta aquí y demostrar sus valores, compromiso y lealtad a los residentes de Coachella”.
Entre los demás oradores se encontraban personas de las comunidades aledañas que destacaron el impacto generalizado que un centro de datos a gran escala tendría en toda la región, y el profesor de la USC, Juan De Lara, cuya familia aún vive en Coachella, quien habló sobre la larga historia y los impactos del racismo ambiental en la comunidad y la oportunidad de mejorar la situación.
“Creo que es importante reconocer que, para algunas personas, el este del Valle de Coachella, incluyendo Coachella, es visto como un vertedero de cosas que no quieren en el lado oeste”, dijo De Lara. “Y creo que es importante tener en cuenta ese contexto cuando se piensa en el tipo de oportunidades de desarrollo que se vislumbran en el futuro”.
“Y creo que también es una oportunidad para involucrar a la enorme cantidad de ciudadanos y jóvenes de esta comunidad que quieren algo diferente, que quieren un desarrollo sostenible, que quieren un desarrollo que los beneficie a ellos y no a empresas externas que se lucrarán convirtiendo el Valle de Coachella y la ciudad de Coachella en una zona de sacrificio.”
La ordenanza volverá a ser presentada ante el consejo a finales de este mes para su aprobación final y entrará en vigor 30 días después. Figueroa también solicitó al personal que investigara el costo, el cronograma y el proceso para someter la ordenanza a votación popular, a fin de garantizar que no pueda ser derogada a capricho de un futuro consejo.
“Como muchos han dicho, la lucha continúa , y no se acabará hasta que los votantes consagren la prohibición de los centros de datos, para que nadie más que ocupe estos cargos, quienquiera que sea elegido, pueda retractarse y, en un abrir y cerrar de ojos, decir: ‘Ya no vamos a hacer esto, y vamos a permitir que vengan los centros de datos’”.
