El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se ha ofrecido a aceptar deportados de Estados Unidos de cualquier nacionalidad, incluidos ciudadanos estadounidenses, en sus prisiones.
El Salvador aceptó albergar a criminales violentos de Estados Unidos y recibir deportados de cualquier nacionalidad, anunció este lunes el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en un acuerdo sin precedentes –y legalmente problemático– que ha alarmado a críticos y grupos de derechos humanos.
Rubio dio a conocer el acuerdo tras reunirse con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en el marco de una gira por varios países centroamericanos destinada a consolidar el apoyo regional a la política migratoria de la administración Trump.
“En un acto de extraordinaria amistad hacia nuestro país… (El Salvador) ha aceptado el acuerdo migratorio más extraordinario y sin precedentes en cualquier parte del mundo”, dijo Rubio a los periodistas este lunes.
El país seguirá aceptando deportados salvadoreños que entraron ilegalmente en EE.UU., dijo. También “aceptará para su deportación a cualquier extranjero ilegal en Estados Unidos que sea un criminal de cualquier nacionalidad, ya sea de la MS-13 o del Tren de Aragua y los alojará en sus cárceles”, dijo en referencia a dos notorias bandas transnacionales con miembros de El Salvador y Venezuela.
Además, Bukele “se ofreció a alojar en sus cárceles a peligrosos delincuentes estadounidenses detenidos en nuestro país, incluidos los que tienen la ciudadanía estadounidense y los residentes legales”, dijo Rubio.
Sin embargo, no está claro si el Gobierno estadounidense aceptará la oferta, ya que existen dudas sobre la legalidad de tales movimientos. Cualquier intento de la administración Trump de deportar a ciudadanos estadounidenses encarcelados a otro país se enfrentaría probablemente a una importante oposición legal.
Bukele confirmó el acuerdo con Rubio en X, y dijo en una publicación: “Estamos dispuestos a recibir solo a criminales convictos (incluidos ciudadanos estadounidenses convictos) en nuestra mega prisión (CECOT) a cambio de una tarifa”.
El Centro de Internamiento de Terroristas de El Salvador, comúnmente conocido como CECOT, es la prisión más grande y nueva del país, con una capacidad máxima de 40.000 reclusos.
“La tasa sería relativamente baja para EE.UU. pero significativa para nosotros, haciendo sostenible todo nuestro sistema penitenciario”, añadía.
A Bukele se le atribuye el mérito de haber reducido en gran medida la violencia de las bandas en el país centroamericano desde que en 2022 puso en marcha una amplia campaña de represión que llevó a la cárcel a más de 81.000 personas. Pero mientras que la tasa de criminalidad del país cayó, el tratamiento de los encarcelados ha desatado la indignación entre las organizaciones de derechos humanos que califican las prisiones de El Salvador de inhumanas.
La advertencia de viaje del Departamento de Estado para El Salvador también afirma de que las personas encarceladas en el país se enfrentan a condiciones penitenciarias “duras”, sin acceso al debido proceso.
“El hacinamiento constituye una grave amenaza para la salud y la vida de los presos”, dice la advertencia. “En muchas instalaciones, las provisiones de saneamiento, agua potable, ventilación, control de temperatura e iluminación son inadecuadas o inexistentes”.
Aquellos dentro de la administración Trump y los aliados del presidente se han apresurado a elogiar el anuncio, con Elon Musk llamándolo una “gran idea” en una publicación en X. Pero los grupos de derechos condenaron el acuerdo, y los críticos advirtieron de que tal plan podría ser parte de un retroceso democrático.
Román Palomares, presidente nacional y presidente de la junta directiva de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, por sus siglas en inglés), dijo que el grupo “se opone a tratar a los migrantes no criminales deportados como ganado que puede ser trasladado de un país a otro sin tener en cuenta su hogar de origen”.
En declaraciones antes del anuncio, la profesora del Emerson College Mneesha Gellman dijo que EE.UU. estaba “esencialmente proponiendo enviar a la gente a un país que no es el país de origen ni es necesariamente el país por el que pasaron”.
“Es una propuesta extraña y sin precedentes que se hace potencialmente entre dos líderes autoritarios, populistas y de derecha que buscan una relación transaccional”, dijo Gellman, académica de política internacional. “No está arraigada en ningún tipo de disposición legal y probablemente viola una serie de leyes internacionales relacionadas con los derechos de los migrantes”.
Manuel Flores, secretario general del partido izquierdista salvadoreño Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, también condenó la medida este lunes. “¿Qué somos? ¿Patios traseros, patios delanteros o basureros?”, dijo en rueda de prensa, refiriéndose tanto a El Salvador como a otros países centroamericanos que reciben a los migrantes expulsados por Estados Unidos.
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