Cuando la Oficina del Sheriff de Riverside confiscó 650.000 papeletas del Registro Electoral local a principios de marzo para investigar acusaciones no probadas de fraude electoral, saltaron las alarmas.
Los defensores del derecho al voto afirman que esta medida, tras dos incautaciones similares en Atlanta y Arizona, amenaza con socavar la confianza en el proceso electoral.
Las incautaciones se produjeron a raíz de las preocupaciones expresadas por un grupo llamado Riverside Integrity Election Team, que alegó una discrepancia de 45.896 votos entre los emitidos y los contabilizados en las elecciones de 2025. Según la ROV, la cifra real ronda los 103.
En una conferencia de prensa el viernes 20 de marzo, el sheriff de Riverside, Chad Bianco, declaró que la incautación tenía como objetivo “determinar la validez de la supuesta discrepancia”. Añadió que su oficina lo haría mediante el recuento físico de las papeletas, una medida que llevó al Tribunal Superior del Condado de Riverside a nombrar a un perito especial para supervisar el proceso.
‘Caos en el condado’
En una entrevista con American Community Media, Joan Donahue, presidenta de la Liga de Mujeres Votantes de Riverside , afirmó que las alegaciones del equipo de Integridad Electoral de Riverside sobre una considerable discrepancia en el recuento de votos “no eran precisas”.
No obstante, hizo hincapié en que el grupo había planteado reiteradamente sus preocupaciones tanto a la Junta de Supervisores como al Registro Electoral.
Según Donahue, ambas agencias tomaron en serio esas preocupaciones, se reunieron varias veces con miembros del equipo de Integridad Electoral y se esforzaron por explicar por qué los hallazgos se consideraban inexactos. Sin embargo, incluso después de un taller de tres horas de la Junta de Supervisores el 10 de febrero, el grupo siguió insatisfecho.
Aun así, todas las partes acordaron seguir reuniéndose y colaborando para resolver el problema. Donahue recalcó que esta colaboración continua era fundamental, calificándola de «clave para una democracia exitosa».
En su opinión, ese proceso se interrumpió abruptamente cuando el Departamento del Sheriff confiscó las papeletas y puso en marcha una investigación sobre supuestas irregularidades.
Según argumentó, al interrumpir esa colaboración, “lo único que hizo el sheriff fue, básicamente, generar caos en el condado”. También señaló que en ningún momento la Junta de Supervisores recomendó una investigación o un recuento, y que “la Secretaría de Estado de California ha respaldado el procedimiento de nuestro registrador y el recuento final”.
Una ‘expedición de pesca’
En enero, agentes del FBI allanaron oficinas electorales en Georgia, en el marco de las falsas acusaciones de fraude electoral del presidente Trump en las elecciones de 2020. A principios de este mes, el FBI también confiscó material electoral en el condado de Maricopa, Arizona.
Todo esto ocurre mientras la Casa Blanca presiona para limitar aún más el acceso a las urnas de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre.
El fiscal general de California, Rob Bonta, presentó una demanda el 24 de marzo solicitando al Tribunal de Apelaciones del Cuarto Distrito que detuviera la investigación en Riverside. El tribunal denegó su solicitud al día siguiente.
En una declaración a CalMatters , Bonta dijo que la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside “no está equipada ni legalmente autorizada para desempeñar el papel de observadora electoral”, y agregó que la investigación parece ser “poco más que una expedición de pesca destinada a sembrar desconfianza y socavar la confianza pública en nuestras elecciones”.
Para Donahue, una preocupación fundamental radica en la cadena de custodia de las papeletas, que describió como esencial porque representan “la verdad sobre la intención de los votantes”. Subrayó que esta cadena garantiza la seguridad y la rendición de cuentas de las papeletas, y advirtió que romperla genera incertidumbre.
Además, expresó su preocupación por la falta de transparencia, explicando que aún quedan detalles clave sin aclarar, como lo que el sheriff le dijo al juez para obtener las órdenes judiciales, el razonamiento del juez y el papel del perito judicial.
“No sabemos quién es… [ni] qué está haciendo esa persona”, indicó, y añadió que “el sheriff parece pensar que simplemente se van a sentar a contar un montón de papeletas, pero creo que es más complicado que eso”.
La democracia, algo frágil.
Ayo, residente de Riverside (quien pidió que solo usáramos su nombre de pila), sugirió en una entrevista con ACoM que el recuento debería ser realizado por “especialistas que tengan experiencia previa con datos de esta naturaleza o simplemente experiencia previa con este tipo de problemas”.
Pero también expresó su apoyo a la investigación. «[Será] una decisión beneficiosa a largo plazo […] que garantizará que tengamos procesos equitativos con estos sistemas de votación», dijo. «Creo que ahora más que nunca, debemos centrarnos en lo que podemos hacer a nivel local […] y asegurarnos de tener métodos de votación muy justos y equitativos».
Otro vecino, que prefirió permanecer en el anonimato, describió la investigación como “un nuevo abuso de poder”, calificándola como “un paso más en la campaña de desinformación que estamos viviendo”. Advirtió que sienta un precedente preocupante. “Esto es una pendiente resbaladiza y peligrosa. La democracia es frágil”.
El 23 de marzo, el supervisor de Riverside, Jose Medina, propuso iniciar una investigación sobre el presunto uso indebido de fondos vinculados a las acciones del sheriff Bianco, según The Riverside Record .
“Creo que el sheriff Bianco está difuminando la línea entre su papel como sheriff y su candidatura a gobernador del estado de California”, declaró Medina a ACoM. Bianco, republicano, es candidato en la actual contienda para suceder al gobernador saliente de California, Gavin Newsom.
“Me reuní individualmente con el grupo [Equipo de Integridad Electoral de Riverside] y en ningún momento vi evidencia alguna de irregularidad en los procedimientos de las elecciones de 2025. Por lo tanto, no creo que haya fundamento alguno para que el sheriff Chad Bianco se apropie de las papeletas del Registro Electoral”, indicó Medina.
La voluntad de los votantes
Ayer, el Departamento de Justicia de California presentó una petición ante el Tribunal Superior del Condado de Riverside solicitando que se detenga la investigación, según informó The Riverside Record.
La demanda insta al tribunal a exigir a Bianco y a su oficina que sigan las directrices del Fiscal General Rob Bonta, incluyendo la suspensión de la investigación y la entrega de los documentos solicitados previamente por el estado, como las pruebas utilizadas para justificar las órdenes de registro.
Además, se señala que el 24 de marzo, Bianco recogió otras 426 cajas de material electoral del Registro de Votantes, lo que marca la finalización de las tres órdenes de registro obtenidas hasta la fecha.
“Al interrumpir todos estos procesos que se establecen para la seguridad de nuestras papeletas, él [Sherif Bianco] está socavando la voluntad de los votantes y erosionando la confianza en los resultados de nuestras elecciones”, enfatizó Donahue, “sin ninguna evidencia creíble de irregularidades en las elecciones desde el principio”.
