Los concejales que votaron en posiciones opuestas sobre la controvertida Resolución de Comunidades Seguras de Riverside coinciden en al menos una cosa: tiene un poder limitado para modificar la aplicación de la ley federal de inmigración. En lo que difieren es en si esto la hace inútil o útil.
En entrevistas exclusivas con Raincross Gazette, los concejales que apoyaron y se opusieron a la resolución (que se aprobó por 4 a 3 el 14 de octubre después de más de tres horas de testimonio público) describieron su razonamiento.
La resolución exige a los agentes federales de inmigración que operan en Riverside utilizar vehículos claramente identificados, llevar identificación visible y seguir protocolos transparentes. También ordena al Departamento de Policía de Riverside que supervise y documente actividades sospechosas de aplicación de la ley federal cuando sea legalmente permitido. Se espera que los informes mensuales comiencen a principios de diciembre.
Cervantes dijo que la oficina del Administrador de la Ciudad coordinará la implementación, incluida la preparación de una campaña de educación pública y la creación de un sitio web de la ciudad con recursos para los residentes.
‘La gente vive con miedo’
Cervantes afirmó que la resolución se originó a raíz de un operativo en julio en el Home Depot de la calle Madison , donde un video publicado en redes sociales mostró a agentes enmascarados con uniformes de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. y de Investigaciones de Seguridad Nacional esposando a personas y subiéndolas a vehículos sin identificación. El Departamento de Policía de Rochester (RPD) confirmó a la Gazette que no se les notificó del operativo.
“Esto motivó a mi oficina a colaborar con CHIRLA e IC4IJ para presentar la resolución de Comunidades Seguras”, dijo Cervantes. “La gente vive con miedo. Con la presencia del Jefe de Policía, Larry González, podemos demostrar que el Departamento de Policía de Riverside está dispuesto a colaborar con nosotros para garantizar la transparencia, mantener la seguridad pública y hacer cumplir las nuevas leyes estatales de California”, incluyendo el Proyecto de Ley Senatorial 54 , la Ley de Valores de California, que limita los recursos locales para la aplicación de las leyes federales de inmigración.
Cuando se le preguntó cómo se vería el éxito en seis meses, Cervantes enfatizó el impacto en la comunidad por encima de las métricas de cumplimiento.
“Si una familia o persona más se siente un poco más segura al salir de su casa para ir a trabajar, al supermercado, buscar atención médica o visitar uno de nuestros parques, eso para mí también es una medida de gran éxito”, dijo.
Cuestiones jurisdiccionales
El concejal Steven Robillard, quien votó en contra de la resolución, dijo que apreciaba el diálogo con los grupos comunitarios pero cree que la medida excede la autoridad de la ciudad.
“Las tácticas federales de cumplimiento de la ley están fuera de nuestra jurisdicción, y cualquier intento de imponerles políticas locales es en gran medida simbólico”, dijo Robillard. “La resolución fue, en mi opinión, una declaración política más que una medida que genere resultados significativos para los residentes”.
“No espero mucho de los informes mensuales, ya que las autoridades federales no tienen la obligación de compartir detalles de sus operaciones con la policía local”, dijo. “En la mayoría de los casos, el RPD solo recibe una notificación de cortesía, y después de esta votación, sospecho que incluso eso ocurrirá con menos frecuencia”.
‘Aspiracional’ pero limitado
El concejal Philip Falcone votó sí aunque reconoció explícitamente las limitaciones de la resolución.
“No hay ningún valor concreto ni influencia que la ciudad tenga contra el gobierno federal (esto está codificado en la Cláusula de Supremacía), pero el 98% de los residentes que hablaron en la reunión y la mayoría del Concejo Municipal creyeron que esta era una declaración importante de valores y una resolución ambiciosa”, dijo Falcone.
Falcone, quien representa al Eastside, dijo que los electores le dijeron que tienen miedo de salir de sus hogares.
“En este país, nadie debería tener miedo de salir de su hogar, sin importar su estatus migratorio”, dijo.
Cuando se le preguntó cómo se vería el éxito, Falcone dijo que sería un paso positivo que los agentes federales salieran “del velo del secreto mostrando sus nombres, caras y etiquetando sus vehículos”.
“Nuestros agentes de policía han operado eficazmente en Riverside durante décadas, mostrando sus rostros, sus nombres y etiquetando sus vehículos. ¿Cómo puede ser que esto funcione para ellos y no para ICE?”, preguntó.
‘Exceso de poder del gobierno’
El concejal Sean Mill, quien también votó a favor, se negó a responder preguntas específicas sobre la resolución, pero proporcionó una declaración más amplia sobre su voto.
“Siempre me opondré a lo que considero acciones autoritarias y excesivas del gobierno”, declaró Mill, estableciendo un paralelismo con su oposición a las restricciones impuestas por la COVID-19 en escuelas y negocios. “Defiendo la libertad y los derechos constitucionales para todos; no puede ser circunstancial. La Constitución existe para proteger a los gobernados del gobierno, no al revés”.
Mill dijo que “no es partidario de las resoluciones no vinculantes del Consejo” y que preferiría “ocuparse de rellenar baches, podar árboles, mejorar la infraestructura y trabajar para intentar encontrar soluciones a nuestro problema de personas sin hogar, que cada vez empeora”.
Contradicción sobre la prohibición de las mascarillas
La resolución expresa preocupación por los agentes federales enmascarados que operan en Riverside, una postura que crea una aparente contradicción con las votaciones que varios concejales tomaron en octubre de 2024 sobre una ordenanza propuesta que habría prohibido las máscaras en las protestas.
La propuesta de octubre de 2024, rechazada por el consejo por 5 votos a favor y 2 en contra, habría prohibido a los manifestantes usar mascarillas. El jefe de policía, Larry González, argumentó entonces que las mascarillas creaban un “escudo de anonimato” que fomentaba la actividad ilegal y socavaba la rendición de cuentas durante las protestas.
Cervantes, quien se opuso a la propuesta de prohibición de mascarillas de octubre de 2024 y patrocinó la resolución de inmigración de octubre de 2025, dijo que las situaciones son fundamentalmente diferentes.
“Los agentes federales enmascarados se financian con el dinero de nuestros contribuyentes y están armados con pistolas u otras armas”, dijo. “La prohibición de usar mascarillas, en relación con el derecho a la privacidad de los manifestantes, es incomparable con la de los agentes federales pagados que sirven al público y están armados”.
Los concejales Chuck Conder y Jim Perry, quienes apoyaron la propuesta de prohibir el uso de mascarillas en las protestas de octubre de 2024 pero se opusieron a la resolución de transparencia migratoria, no respondieron a las solicitudes de entrevistas del Raincross Gazette.
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