En una decisión que ha desatado una profunda controversia, el gobernador de California, Gavin Newsom, firmó la autorización de un presupuesto de 55 millones de dólares para que el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) integre su base de datos a una red nacional. La medida busca cumplir con las normativas federales de la ley Real ID para garantizar que las identificaciones estatales sigan siendo válidas en los aeropuertos del país. Sin embargo, defensores de los derechos civiles advierten que el sistema podría exponer la información de más de un millón de inmigrantes indocumentados.
El código “99999”: la alerta para las autoridades migratorias
Las organizaciones comunitarias centran su preocupación en el funcionamiento técnico de la plataforma administrada por la Asociación Estadounidense de Administradores de Vehículos Motorizados (AAMVA):
- Registro del Seguro Social: El sistema nacional está diseñado para almacenar los últimos cinco dígitos del Número de Seguro Social de cada conductor.
- Marcador automático: A las personas que no cuentan con este documento por carecer de estatus legal, el sistema les asigna por defecto el código numérico “99999”.
- Filtro de localización: Activistas señalan que este parámetro actúa como un identificador masivo que facilitaría al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ubicar y detener a conductores indocumentados.
Diversos colectivos han calificado el acuerdo como una “traición” al espíritu de la ley estatal que hace una década prometió confidencialidad absoluta a quienes tramitaran sus licencias de conducir sin importar su situación migratoria.
Salvaguardas legales implementadas por el Estado
Para contrarrestar las críticas de los legisladores, la administración estatal incluyó estrictos mecanismos de supervisión y protección dentro de la nueva ley de transporte:
- Restricción de búsquedas: Queda estrictamente prohibido realizar búsquedas masivas o descargas de datos en lote (bulk searches); las consultas solo podrán hacerse de forma individual.
- Acción judicial del Fiscal: La fiscalía general del estado está facultada para demandar a la organización AAMVA o a otros estados si se detectan violaciones a la privacidad de los californianos.
- Auditorías obligatorias: El auditor estatal programará revisiones del sistema a partir de 2030, mientras que el DMV tendrá la obligación de publicar informes anuales detallados sobre el uso de la información.
Pese a los candados legales, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) insiste en que las protecciones son insuficientes ante posibles órdenes judiciales federales de carácter confidencial que fuercen la entrega de los expedientes.
