Una coalición de organizaciones de derechos civiles y familiares de víctimas exigió formalmente a la Junta de Supervisores del Condado de Riverside la implementación inmediata de un órgano de supervisión civil e independiente para fiscalizar al Departamento del Sheriff. La petición, liderada por la Riverside Sheriff Accountability Coalition (RSAC), se produce tras la publicación de un severo informe del Gran Jurado Civil que sacó a la luz graves fallas sistémicas, opacidad y un alarmante repunte de muertes bajo custodia en las prisiones locales.
La comunidad activista argumenta que el sistema penitenciario del condado se ha convertido en uno de los más letales del estado, registrando decenas de fallecimientos en años recientes debido a negligencias médicas y sobredosis de fentanilo. Además de la crisis humanitaria, la coalición enfatizó el devastador impacto financiero para los contribuyentes, señalando que las demandas por homicidio culposo y abusos policiales le han costado al erario público más de 100 millones de dólares en indemnizaciones.
Exigencia de herramientas legales y rendición de cuentas
Las organizaciones exigen que las autoridades del condado apliquen de una vez la ley estatal AB 1185. Esta legislación faculta formalmente a los condados de California para establecer comités de revisión civil y oficinas de inspectores generales con poder de citación jurídica (subpoena), permitiéndoles investigar a fondo los expedientes de la corporación.
“Necesitamos una vigilancia real, externa y con dientes, porque el departamento ha demostrado que es incapaz de autorregularse mientras las familias siguen perdiendo a sus seres queridos”, declararon los voceros de la coalición durante una conferencia de prensa frente a la sede administrativa del condado.
Rechazo absoluto del Sheriff Chad Bianco
La propuesta se topó con la resistencia frontal del sheriff del condado, Chad Bianco, conocido por su retórica confrontacional. El funcionario desestimó por completo las demandas ciudadanas y arremetió contra las conclusiones del Gran Jurado Civil, sentenciando de manera tajante que el reporte “no vale ni el papel en el que está impreso”.
Bianco defendió su gestión argumentando que el incremento de decesos en las cárceles responde a una crisis nacional de salud mental y consumo de estupefacientes, y no a deficiencias en su administración. Asimismo, calificó las protestas de las organizaciones civiles como un “teatro político y legal” impulsado por activistas radicales y abogados que únicamente buscan lucrar a través de demandas contra el condado.
La decisión final queda ahora en manos de la Junta de Supervisores, que deberá determinar si cede a la presión comunitaria para abrir el departamento al escrutinio público o si mantiene el respaldo total a la gestión de Bianco.
