Fiscales de distrito de la mitad de los 58 condados de California se sumaron a la demanda, presentada el lunes junto con familiares de víctimas y grupos de las fuerzas del orden. La Criminal Justice Legal Foundation encabeza el caso en representación de 29 fiscales de distrito y de las familias de más de 2 docenas de víctimas. Anne Marie Schubert, exfiscal de distrito de Sacramento y presidenta y directora ejecutiva de la fundación, dijo que trabajó durante todo el fin de semana en la presentación.
La petición sostiene que la decisión de Newsom de conmutar las condenas sin dar a las víctimas y a los fiscales el aviso exigido por ley también interfirió con el deber de la Corte Suprema de California de revisar sus decisiones. Entre los demandantes está Marc Klaas, cuya hija Polly, de 12 años, fue secuestrada a punta de cuchillo en una pijamada en la casa de su madre y estrangulada en 1993. Su asesino, Richard Allen Davis, está en el corredor de la muerte desde 1996. Otros demandantes son familiares de Gabriel Fernandez, de 8 años; el detective Mike Davis, de la Oficina del Sheriff del condado de Placer; el agente de policía de Pittsburg Larry Lasater; el agente adjunto del sheriff de Sacramento Danny Paul Oliver; y 5 bomberos del Servicio Forestal de Estados Unidos que murieron mientras combatían el incendio Esperanza, de 40 000 acres, en 2006.
La petición sostiene que la decisión de Newsom de conmutar las condenas sin dar a las víctimas y a los fiscales el aviso exigido por ley también interfirió con el deber de la Corte Suprema de California de revisar sus decisiones. Entre los demandantes está Marc Klaas, cuya hija Polly, de 12 años, fue secuestrada a punta de cuchillo en una pijamada en la casa de su madre y estrangulada en 1993. Su asesino, Richard Allen Davis, está en el corredor de la muerte desde 1996. Otros demandantes son familiares de Gabriel Fernandez, de 8 años; el detective Mike Davis, de la Oficina del Sheriff del condado de Placer; el agente de policía de Pittsburg Larry Lasater; el agente adjunto del sheriff de Sacramento Danny Paul Oliver; y 5 bomberos del Servicio Forestal de Estados Unidos que murieron mientras combatían el incendio Esperanza, de 40 000 acres, en 2006.
California no ha ejecutado a nadie en 20 años, pese a tener el mayor corredor de la muerte del país. La pena de muerte sigue vigente en la legislación estatal y las personas condenadas a muerte están excluidas de algunas reformas del sistema de justicia penal. Newsom ha argumentado que los presos incluidos en su plan no reúnen los requisitos para acceder a otras reformas que podrían llevar a nuevas reducciones de sus condenas o a su liberación. Su oficina no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la demanda.
En una carta abierta a los residentes de California, Newsom dijo que el estado “no puede matar moralmente” a las personas condenadas a muerte. Escribió que las ejecuciones autorizadas por el estado son incompatibles con los valores de California y reconoció que quienes se beneficiarían de su medida “causaron un sufrimiento indescriptible a las víctimas, a sus familias, a sus comunidades y a nuestro estado en su conjunto”.
Se espera que la Corte Suprema de California revise al menos a 382 presos condenados por múltiples delitos graves antes de que la medida de clemencia de Newsom entre en vigor. La presentación de Schubert señala que quizá todavía no se haya identificado a otros presos que cumplen los criterios de revisión y sostiene que Newsom podría haberse basado en antecedentes penales incompletos al elaborar la lista. El fiscal de distrito del condado de Orange, Todd Spitzer, anunció el lunes una petición por separado; los críticos advierten que los presos podrían avanzar gradualmente hacia una mayor indulgencia.
Neama Rahmani, abogado litigante de Los Ángeles y exfiscal federal, dijo que Newsom tiene amplias facultades para conmutar condenas y conceder indultos, y que la ley de California sobre los derechos de las víctimas quizá no se aplique a las conmutaciones. La ley reconoce a las víctimas y a sus familiares el derecho a ser informados con anticipación sobre ciertas decisiones de clemencia y libertad condicional.






