La nueva guía establecida por la Administración del presidente Donald Trump para denegar la residencia permanente a inmigrantes que reciban ayudas del estado y puedan convertirse en una carga pública entra en vigor este viernes, una política que en su anterior gobierno (2017-2021) incluso afectó a ciudadanos estadounidenses.
El Servicio de Inmigración y Ciudadanía de EU (USCIS, en inglés) explica en su portal que el manual actualizado se alinea con la intención del Congreso de que los extranjeros que residan en los Estados Unidos “sean autosuficientes y no dependan de beneficios gubernamentales” financiados por los contribuyentes.
La nueva regulación supone el segundo intento del mandatario republicano para endurecer los requisitos. Estas son las claves para entender el cambio, según datos del Immigrant Legal Resource Center (ILRC).
¿Qué es la carga pública?
La carga pública es una causa de inadmisibilidad que permite denegar una visa, la admisión al país o la tarjeta de residencia permanente, conocida como ‘green card’, si se determina que es probable que la persona dependa de ciertos beneficios públicos en el futuro.
¿A quiénes aplica la carga pública?
Esta reglamentación afecta solo a solicitantes de residencia permanente basados en una petición familiar, como cónyuges, padres, hijos o hermanos de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes, o por peticiones basadas en el trabajo.
Los solicitantes de tarjeta de residencia por medio de peticiones de asilo, estatus de refugiado, visa U, visa T, VAWA o Estatus de Inmigrante Juvenil Especial (SIJS) no están sujetos a esta norma.
¿Cuáles son las nuevas directrices?
La nueva guía de carga pública otorga a los oficiales de inmigración mayor discrecionalidad para denegar la residencia permanente.
La instrucción ahora considera más tipos de beneficio público, como asistencia gubernamental en efectivo, vivienda subsidiada, ayuda para estudios, alimentos y ciertos servicios de salud financiados por el gobierno estadounidense.
Además, se tendrá en cuenta los beneficios públicos utilizados por familiares (hijos, padres, cónyuges), si el solicitante es responsable de mantener a esos familiares y el beneficio depende de sus ingresos.
También, se evaluarán factores del solicitante, como la edad, el tamaño del hogar, su estado de salud y su historial crediticio.
Incluso si el solicitante de la residencia tiene un patrocinador este no sería, por sí solo, suficiente para demostrar que el inmigrante no será una carga pública y USCIS puede determinar que es una carga pública.
¿Desde cuándo afecta la nueva guía?
La nueva directriz de carga pública entra en vigor el 18 de septiembre de 2026, lo que significa que todas las solicitudes de residencia permanente en las categorías familiar y de empleo serán revisadas bajo el nuevo parámetro.
Cualquier solicitud pendiente, presentada o enviada por correo con sello del correo del o antes del 17 de septiembre del 2026 se evaluará conforme a la regla del 2022, impuesta por el Gobierno del expresidente Joe Biden (2021-2025), que revirtió los cambios hechos por el republicano en 2019 y relajó la veda.
¿La nueva regla aplica para solicitantes de fuera de EU?
Aunque las directrices de USCIS no se aplican a las solicitudes que se definen a través de un proceso consular en el extranjero, se espera que los consulados sigan políticas similares.
Consejos para los afectados
El abogado de inmigración Fernando Romo aconseja a los nuevos solicitantes someter evidencia de que tienen un trabajo que les permite sostenerse sin pedir ayuda pública, tienen seguro médico privado, y bienes, entre los que se cuentan ahorros, inversiones, o propiedades.
“Todo esos bienes son evidencia de que hay recursos si sucede una emergencia pueden afrontarla sin recurrir a beneficios públicos”, ahondó.
Por su parte, el abogado de inmigración Alex Gálvez recomienda a los solicitantes estar pendientes de las acciones legales entabladas contra la nueva guía para detener su implementación.
Esta semana varias ciudades y condados, liderados por Nueva York, presentaron una querella legal para bloquear la nueva norma.
“Los tribunales han detenido una gran cantidad de órdenes ejecutivas de Trump al determinar que son arbitrarias, caprichosas y discriminatorias, opinó que nuevamente se podrá detener este intento”, añadió.
